REDWOOD CITY, CA—El Instituto Knight First Amendment de la Universidad de Columbia, la Electronic Frontier Foundation y la Social Justice Legal Foundation presentaron hoy una queja impugnando la política del condado de San Mateo de digitalizar y destruir el correo físico enviado a las personas en sus cárceles. La demanda se presentó en nombre de cinco personas encarceladas en las cárceles del condado de San Mateo, varios de sus familiares y A.B.O. Comix, un colectivo de artistas que mantiene correspondencia con personas en la cárcel. La demanda sostiene que la nueva política postal viola los derechos expresivos, asociativos y de privacidad de quienes se encuentran en las cárceles del condado y de sus familiares, amigos y simpatizantes que les envían cartas. Esta demanda es el primer desafío importante para la digitalización del correo personal en las cárceles estadounidenses.
«El correo físico es un salvavidas para las personas en la cárcel, y las copias digitales no son un sustituto significativo. La prohibición impuesta por el condado al correo físico interrumpe la conexión de la que dependen las personas que están en la cárcel para mantenerse en contacto con sus familias, comunidades y líderes religiosos», dijo Stephanie Krent, abogada del Instituto Knight First Amendment. «La digitalización del correo en el condado también permite una vigilancia nueva y sofisticada contra los remitentes y los destinatarios de la correspondencia, lo que representa una grave amenaza para la libertad de expresión, asociación, privacidad y religión tras las rejas».
Según la política actual, el condado prohíbe que las personas en la cárcel reciban cualquier correo físico que no sean las comunicaciones de un abogado. Los ciudadanos deben enviar las cartas a una empresa privada con fines de lucro, Smart Communications, que escanea y almacena copias digitales del correo durante al menos siete años, incluso si el destinatario lleva mucho tiempo en libertad. Las cartas, tarjetas, dibujos y materiales religiosos y educativos originales se destruyen, mientras que las copias escaneadas se conservan en una base de datos que permite al condado, y a cualquier persona a la que el condado haya proporcionado credenciales de inicio de sesión, monitorear, leer y buscar en el correo por cualquier motivo o sin ningún motivo.
Las personas encarceladas pueden acceder a copias digitales de su correo a través del servicio MailGuard de Smart Communications, pero solo si aceptan ciertos términos, e incluso entonces solo a través de tabletas y quioscos compartidos en espacios públicos. La disponibilidad limitada de las tabletas y los problemas técnicos que presentan hacen que las personas encarceladas a menudo no puedan acceder en absoluto a su correo.
«Prohibir el correo físico es totalmente contrario al objetivo del sistema de justicia penal de reducir la reincidencia», dijo Hannah Zhao, abogada de la Electronic Frontier Foundation. «Numerosos estudios han demostrado que la escritura de cartas entre personas encarceladas y seres queridos que están fuera reduce el estrés, reduce la depresión y fortalece las relaciones. Para quienes están en la cárcel, comunicarse de esta manera es una parte integral del establecimiento de fuertes lazos interpersonales y sentimientos de comunidad, que se considera universalmente que disminuyen la probabilidad de reincidencia».
El condado de San Mateo ha sugerido que prohibir el correo reduce el consumo de drogas tras las rejas, pero la queja apunta a la información pública de que políticas similares en otros estados no condujeron a una disminución del consumo de drogas ni de las sobredosis. Además, la redacción de cartas se ha relacionado con mejores resultados tanto para los destinatarios como para los remitentes de la correspondencia, lo que incluye una reducción del estrés, relaciones más estrechas y más oportunidades una vez liberadas.
«Estamos profundamente preocupados por la creciente práctica de privar a las personas encarceladas y encarceladas de valiosas comunicaciones personales que, a menudo, son su única conexión con el mundo exterior», dijo Pilar González Morales, abogada gerente de la Fundación Legal para la Justicia Social. «Con esta demanda, queremos enviar un mensaje a otras cárceles y prisiones de todo el país que están considerando la posibilidad de adoptar una política de destrucción de la correspondencia y sustituirla por un programa de vigilancia digital».
En los últimos años, muchas cárceles y prisiones de todo el país han adoptado políticas de digitalización y destrucción igualmente invasivas. En 2018, Pensilvania se convirtió en el primer estado en comenzar a digitalizar y destruir el correo con MailGuard. Un grupo de organizaciones legales impugnó el uso de MailGuard para procesar el correo legal, y el estado accedió rápidamente a detener esta práctica.
Lea la queja de hoy aquí.
Entre los abogados del caso figuran, además de Krent, Mayze Teitler y Alex Abdo, del Instituto Knight First Amendment de la Universidad de Columbia; además de Zhao, Cara Gagliano, Aaron Mackey y Mukund Rathi, de la Electronic Frontier Foundation; y además de González, Shubhra Shivpuri y Emily Olivencia-Audet, de la Fundación Legal para la Justicia Social. Silicon Valley De-Bug, socio de base de Social Justice Legal Foundation y una organización sin fines de lucro del condado de San Mateo que apoya a las familias de las personas encarceladas, ayudó a liderar las iniciativas de activismo y obtuvo detalles clave sobre la adopción de MailGuard por parte del condado a través de una solicitud de registros públicos presentada en 2021.
Acerca del Instituto Knight First Amendment de la Universidad de Columbia
El Instituto Knight First Amendment defiende las libertades de expresión y prensa en la era digital a través de litigios estratégicos, investigación y educación pública. Promueve un sistema de libertad de expresión abierto e inclusivo, que amplía y eleva el discurso público y que fomenta la creatividad, la rendición de cuentas y el autogobierno efectivo. https://knightcolumbia.org/
Acerca de Electronic Frontier Foundation
La Electronic Frontier Foundation, fundada en 1990, defiende la privacidad de los usuarios, la libertad de expresión y la innovación a través de litigios de impacto, análisis de políticas, activismo de base y desarrollo tecnológico. La misión de la EFF es garantizar que la tecnología apoye la libertad, la justicia y la innovación para todas las personas del mundo.
Acerca de la Fundación Legal para la Justicia Social
La Social Justice Legal Foundation es una startup legal que presenta juicios impactantes y que sientan precedentes para luchar contra la opresión en el sistema carcelario y más allá.
https://www.socialjusticelaw.org/
