Los tribunales suelen imponer estas tasas sin tener en cuenta la capacidad de pago de una persona, por lo que las personas que no pueden pagar sus multas originales tienen que cargar con deudas judiciales adicionales. Mediante solicitudes de registros públicos, la supervisión de los tribunales y las entrevistas con las personas afectadas, la coalición del sur de California identificó los condados en los que el uso de las evaluaciones civiles por parte de los tribunales es particularmente problemático y abogó por cambiar las políticas judiciales.
En julio de 2022, una gran coalición de defensores de California presionó con éxito a la legislatura estatal para que instituyera una amplia reforma de las evaluaciones civiles. Estas reformas incluyeron la eliminación de todas las deudas por concepto de tasaciones civiles existentes (que suman más de 750 millones de dólares), la reducción del importe máximo de la tasación civil de 300 a 100 dólares y la reasignación de las deudas cobradas en el futuro al Consejo Legislativo, en lugar de a los tribunales locales. Tras estas importantes reformas, el SJLF sigue colaborando con la coalición del sur de California para supervisar que los tribunales sigan imponiendo tasaciones civiles y abogando por su abolición.
