La HB 1 es solo uno de una serie de proyectos de ley en Florida que tienen como objetivo restringir el poder de las ciudades y los condados para tomar decisiones políticas que respondan a las necesidades de los residentes locales. La HB1, específicamente, anula el control de las ciudades sobre sus propios presupuestos al permitir que una «Comisión Administrativa» no elegida asuma el control del presupuesto de la ciudad si los funcionarios reducen el gasto policial por cualquier motivo. Como tal, obstaculiza los intentos de las localidades por innovar métodos alternativos para garantizar la seguridad pública, y apunta explícitamente a quienes apoyan el movimiento Black Lives Matter y Defund the Police.
Sarah Swan, profesora de la Facultad de Derecho de Rutgers con experiencia en gobernanza local (anteriormente en la Universidad Estatal de Florida), dijo sobre el amicus brief: «Al privar a los municipios del poder de responder a las necesidades de sus residentes, la HB1 hace caso omiso de la ley y la tradición del gobierno autónomo en Florida y debilita la forma más directa y eficaz de democracia: la gobernanza local».
El amicus brief del SJLF destaca la larga historia de la autonomía local de las ciudades en Florida y describe décadas de decisiones de Florida que consagran el derecho de las ciudades a tomar sus propias decisiones presupuestarias. Sostiene que la HB1 ignora y socava la concesión de autoridad a las localidades de una manera que frena la toma de decisiones de los gobiernos locales y toma represalias contra las decisiones políticas que no se alinean con las de la legislatura de Florida.
Las becarias Emily Olivencia-Audet y Emily Barber colaboraron con los abogados del Proyecto de Derechos Públicos y profesores de derecho para presentar este escrito amicus. La impugnación de Public Rights Project contra HB1 «realmente está abordando algunos de esos principios básicos sobre la forma en que la constitución de Florida estructura el gobierno local. El estado no tiene ningún papel que desempeñar a la hora de anular las decisiones municipales», dijo Jonathan Miller, director de litigios del Proyecto de Derechos Públicos, que representa a las ciudades demandantes en este caso. Public Rights Project se dedica a proteger la libertad de las ciudades y los condados locales para innovar nuevos métodos de seguridad pública, incluidos aquellos que disminuyen la financiación de la policía y dan prioridad a los métodos de seguridad basados en la comunidad, un objetivo que se ajusta perfectamente a la misión del SJLF de reducir el tamaño del estado carcelario.
El escrito amicus se presentó en el Tribunal de Circuito del 2.º Distrito Judicial del condado de Leon, Florida. Léelo en su totalidad aquí.
