Tras una traumática parada de tráfico en 2021, en la que los alguaciles adjuntos escupieron a la Sra. Mills, la amenazaron con deportarla, le dijeron que habían disparado y habían mutilado a su pareja y se apoderaron de su automóvil y su dinero, el SJLF y el Laboratorio de Justicia de la ACLU de Luisiana demandaron a la Oficina del Alguacil de West Baton Rouge por violar los derechos civiles de la Sra. Mills. Con la ayuda del Southern Poverty Law Center y Hueston Hennigan LLP, el equipo se defendió con éxito contra múltiples mociones de desestimación y mociones de juicio sumario en las que la Oficina del Alguacil trató repetidamente de evitar la rendición de cuentas mediante una inmunidad calificada.
La Oficina del Alguacil inició conversaciones para llegar a un acuerdo con la Sra. Mills apenas un mes antes del juicio y, finalmente, resolvió todas sus reclamaciones, incluidas las relacionadas con el registro de su tarjeta Cash App con la tecnología ERAD, la incautación de su automóvil de alquiler, la angustia emocional que le causó y su detención prolongada. Durante el transcurso del litigio, la Fundación Legal para la Justicia Social no solo presentó nuevas demandas por decomiso e incautación de activos, sino que presentó pruebas periciales sobre los efectos traumáticos raciales a largo plazo de la policía racista, una primicia en el Quinto Circuito.
La Sra. Mills comentó: «Espero que lo que nos pasó a mí y a mi familia nunca le vuelva a pasar a nadie. Y espero que esta demanda haya sido una llamada de atención para la Oficina del Alguacil de West Baton Rouge».
En una orden que permitía que las demandas de la Sra. Mills siguieran adelante con una sentencia sumaria, el Tribunal sostuvo que los agentes del alguacil no tenían derecho a una inmunidad calificada en ninguna demanda porque un jurado razonable podía estar de acuerdo con la Sra. Mills en que había sido sometida a «una detención ilegal prolongada» y, de ser así, la detención y todo lo que siguió eran «inconstitucionales según una ley claramente definida». (ECF 195, págs. 22 y 29). Esto incluyó tratar de obtener el consentimiento de la Sra. Mills para los registros mediante la «coacción por excelencia» (id. en la pág. 22), retenerla en la comisaría durante casi seis horas mientras los agentes hurgaban en sus pertenencias y le robaban las tarjetas bancarias, e incautar su automóvil «sin ningún tipo de justificación» (id. en la pág. 26).
El equipo de SJLF estuvo dirigido por la directora de becas y abogada principal Marjorie Menza, quien dijo: «Trabajar con la Sra. Mills fue uno de los aspectos más destacados de mi carrera profesional. Tanto ante una actuación policial abusiva y con cargos raciales como durante todo el litigio, mantuvo una actitud digna y perspicaz. Estoy muy orgullosa del trabajo que hicimos para presentar estas novedosas denuncias y arrojar luz sobre las prácticas policiales ilegales cuando se trata de conductores ciudadanos negros comunes y corrientes en Luisiana».
