Una demanda de derechos civiles en la que se alegan violaciones de los derechos civiles estatales y federales contra la Oficina del Alguacil de West Baton Rouge de la parroquia de West Baton Rouge, Luisiana. Este caso busca justicia ante los registros policiales por motivos raciales, agresivos e inconstitucionales motivados por el régimen de decomiso de activos de Luisiana. En marzo de 2021, la Sra. Mills conducía por Luisiana por la interestatal I-10 con su pareja cuando un agente la detuvo por un supuesto uso indebido del carril y por no haber comunicado la señal. Los agentes procedieron a someterla a una detención prolongada, a registros invasivos, incluso de sus tarjetas bancarias y su teléfono, a hostigarla y a confiscar sus ahorros en efectivo y su automóvil alquilado.
En 2019, Leroy Butts, un anciano negro residente de Lancaster, estaba repartiendo panfletos sobre sus derechos a personas sin vivienda en un parque de Lancaster cuando lo multaron por «intoxicación pública». El Sr. Butts estaba bebiendo un refresco. No importaba que no tuviera alcohol ni lo hubiera consumido: los agentes del alguacil de Los Ángeles le impusieron una multa de 500 dólares en clara represalia por informar a las personas sobre su derecho a permanecer en el parque. Además, según el sistema punitivo de pago para apelar de Lancaster, el Sr. Butts no podía apelar su citación hasta después de haberla pagado, algo que no podía permitirse hacer. A partir de ahí, su deuda fue remitida a una agencia de cobro privada que le cobró más comisiones. Le dijeron que no podría renovar su licencia de conducir y que la ciudad podría presentar una reclamación contra su declaración de impuestos sobre la renta.
La ciudad de Lancaster tenía un sistema arcano según el cual las multas civiles no podían impugnarse hasta después de su pago. Muchas de estas multas por infracciones leves y cuestionables, como las del Sr. Butts, costaban 500 dólares o incluso 1000 dólares, lo que representaba la misma cantidad del alquiler mensual o de los beneficios del SNAP para una persona. Además, la falta de pago solo se tradujo en multas adicionales por pago atrasado.
El Sr. Butts y la ACLU del Sur de California presentaron una demanda en la que alegaban que Lancaster y el Departamento del Alguacil de Los Ángeles «mantenían un sistema de citaciones administrativas que [fue] diseñado y aplicado para castigar la pobreza, en violación de la Constitución de California».
Un juez del Tribunal Superior estuvo de acuerdo en gran parte y sostuvo que el sistema de citaciones de Lancaster violaba el debido proceso y los derechos de igualdad de protección de las personas pobres al negarles el derecho a una apelación gratuita. Poco después, Lancaster resolvió la parte de la demanda relativa a multas y tasas excesivas y se comprometió a saldar toda la deuda pendiente en relación con las citaciones de seguridad pública emitidas antes de febrero de 2021, imponer tasas más bajas y ofrecer alternativas de servicio comunitario a las multas, y permitir la apelación administrativa gratuita de las citaciones a las personas que no pudieran pagar la multa subyacente por todas las citaciones en el futuro.
Trial Impact Project se unió al caso a fines de 2022 y trabajó con un abogado adjunto de la ACLU del Sur de California y Hueston Hennigan para negociar acuerdos monetarios con la ciudad de Lancaster y el Departamento del Alguacil de Los Ángeles y resolver el caso por completo.
Este caso es un paso hacia la eliminación de las disparidades policiales y para garantizar que las personas no tengan diferentes recursos y derechos en función de su raza, estado de vivienda o riqueza. Gracias al incansable trabajo del Sr. Butts y otros defensores, las personas en Lancaster pueden apelar las citaciones de seguridad pública sin tener que pagar primero multas excesivas.
El Trial Impact Project y la ACLU del Sur de California elaboraron un registro que demuestra que Lancaster seguía multando a personas por su pobreza y no tenía motivos para multar al Sr. Butts. Ese historial, y la voluntad de nuestro equipo de continuar la lucha, dieron como resultado un cambio duradero para cientos de residentes de Lancaster sujetos a un sistema punitivo de citaciones administrativas: la ciudad de Lancaster no puede emitir citaciones similares a las de molestar al público por «perturbar la paz», «alteración del orden público» o dormir en público sin seguir requisitos estrictos y documentar las alternativas.
